Ponencia para la Escuela Judicial y la Comisión de la Jurisdicción de Familia de Costa Rica,
viernes 19 de enero de 2024, por Sergio Henríquez
El día viernes 19 de enero de 2024, a las 17:00 horas de Chile (14:00 horas en San José de Costa Rica), nuestro asociado Sergio Henriquez Galindo, realizó la conferencia. «Sistema de oralidad en la justicia familia: La experiencia en Chile», dirigido a jueces y juezas de familia de Costa Rica, quienes se aprestan a poner en marcha una gran reforma que pasará totalmente sus procedimientos, a regirse bajo el principio de la oralidad. Su ponencia se centró en la experiencia chilena, el proceso de la reforma a la justicia de familia, el rol de jueces, consejeros y consejeras técnicos, la dinámica de las audiencias y el debate y respuesta a las consultas e inquietudes de los asistentes. La ponencia escrita está a disposición de quienes quisiera acceder a ella en nuestra biblioteca.
La justicia de familia en Chile ha enfrentado desafíos significativos, derivados de obstáculos presupuestarios, administrativos, ideológicos, prejuicios y resistencia al cambio. Estos aspectos han dejado una marca en su historia, caracterizada por complejidades. La reforma propuesta se fundamenta en el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, destacando el derecho al debido proceso. Este incluye considerar su interés superior, acceso a un abogado, derecho a expresar opiniones, participación en decisiones, apelación de decisiones desfavorables y explicaciones adaptadas a su edad. Asimismo, se busca garantizar los derechos de los padres y madres, quienes tendrán representación legal, acceso a un juez imparcial, capacidad de apelar sentencias, y todo esto dentro de un procedimiento oral, claro y comprensible.
Family justice in Chile has faced significant challenges stemming from budgetary, administrative, ideological, prejudicial, and resistance-to-change obstacles. These factors have left a lasting impact on its history, characterized by complexities. The proposed reform is based on the recognition of children and adolescents as rights-holders, emphasizing the right to due process. This encompasses consideration of their best interests, access to legal representation, the right to express opinions, participation in decisions, the right to appeal unfavorable rulings, and age-appropriate explanations for decisions. Similarly, the reform aims to ensure the rights of parents, who will have legal representation, access to an impartial judge, the ability to appeal judgments, all within an oral, clear, and understandable procedural framework.
