Public Prosecutor’s Office, budget cuts and performance.
Por Fernando Santelices , miembro de Humanizar.
La Fiscalía ha manifestado su molestia por la propuesta de reducción presupuestaria. Señala que afectará las investigaciones complejas, la atención de víctimas, la protección de fiscales, la compra de software para investigar. Nos dice que ello va a impactar las investigaciones por crimen organizado.
Pero ¿qué hace la Fiscalía con los recursos? ¿Será cierto que esa rebaja afectará ese tipo de causas? Asociar su disconformidad al combate del crimen organizado es persuasivo de cara a la opinión pública y el actuar parlamentario.
Es verdad que hoy ingresan más causas, que la criminalidad ha cambiado y requiere nuevas maneras de persecusión. Cuesta creer que el Ejecutivo no haya considerado ello. De hecho, se habría indicado que el programa ECOH recibirá un incremento presupuestario de 23% para 2025. Es legítimo entonces preguntarse si el correcto desempeño de la Fiscalía depende solo de un tema de recursos.
Quienes litigamos habitualmente sabemos que así como hay excelentes fiscales también hay prácticas que no reflejan un adecuado uso de recursos. Reprogramación de audiencias por falta de minuta o desconocimiento del caso por el fiscal de turno; audiencias de control evitables, la subutilización del sobreseimiento definitivo o la oposición innecesaria a el, la solitud de cautelares injustificadas, el despacho de diligencias inconducentes y así una serie de prácticas, quizá menores, pero que inciden en su trabajo y tienen impacto en los recursos.
En medio de este debate no debemos olvidar que la Fiscalía ha sido favorecida desde su origen por diversas mejoras institucionales y presupuestarias. Su dotación profesional ha sido considerablemente aumentada, el número de fiscales ha crecido, la subrogancia legal de fiscales hoy es legal y ampliamente utilizada. Además, sus facultades legales y poder práctico de persecución se ha visto enormemente favorecido por diversas reformas al Código Procesal Penal, muy distinto al del año 2000. Cambios en el control de identidad, legalidad de la detención, prisión preventiva y, más recientemente, los alcances del procedimiento abreviado y la reformalización, son solo alguna de las modificaciones que facilitan el trabajo de la Fiscalía e inciden de forma directa o indirecta en el uso de recursos.
Como contrapartida, las herramientas de control al actuar de los fiscales son prácticamente las mismas desde el año 2000: controles administrativos inutilizados e ineficientes y un cierto grado de control judicial en sede de garantía que no tiene el real poder de alterar el curso de investigaciones inconducentes o de evitar que casos sin posibilidad de éxito lleguen a juicio oral, con los costos que ello conlleva.
Esta bien que la Fiscalía pueda observar la reducción presupuestaria pero el adecuado desempeño del Ministerio Público no depende de ello. Mejores prácticas y mecanismos de control eficientes también pueden contribuir. No nos confundamos.
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