El Centro de Justicia y Sociedad (CJS) de la Universidad Católica publicó hace algunos días el Informe del Consejo Transversal para la Política de Seguridad tras convocar a un grupo diversos de expertos de distintos ámbitos del quehacer social para que dieran su opinión respecto de la intensa agenda político criminal que se impulsara con fuerza a partir de comienzos de 2023.
Dentro de este grupo de expertos se encuentran nuestros asociados Catalina Droppelmann y Ulda Figueroa, junto a otros, como el ex Ministro de Justicia, Felipe Bulnes, el profeso Mauricio Duce y la investigadora de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor.
El objetivo de esta iniciativa no fue revisar los cerca de 39 proyectos impulsados como “Agenda de Seguridad” sino “…señalar los riesgos que tiene el que, por tratar de dar una respuesta rápida, terminase siendo poco efectiva”. El informe revisa el contexto en que esta agenda legislativa es impulsada y divide a los proyectos de ley de acuerdo a sus temáticas principales: labor policial, persecución penal, institucionalidad en seguridad pública y crimen organizado, haciendo comentarios y recomendaciones en cada uno de ellos.
En sus reflexiones finales, que se presenta como un insumo para la discusión legislativa en materia de seguridad en Chile, el informe es definitivo al señalar que, aunque se pueden observar algunas iniciativas que presentan mejoras y avances, “no hay en ellas estrategias innovadoras y en algunos casos, pueden llegar a ser contraproducentes en el manejo de la seguridad en Chile”. En su mayoría los proyectos de ley no producirían cambios positivos profundos, y es más algunos proyectos que traerán aumentos de penas, sólo hacen predecir más personas privadas de libertad agravando aún más la crisis carcelaria que hoy da cuenta de hacinamiento y una muy precaria labor en reinserción social.
A lo dicho por el Informe, como HUMANIZAR podemos agregar, que no se observa en los proyectos de ley ninguna iniciativa que considere a la prevención del delito como eje central y menos, que busque revertir la situación de las cárceles en Chile actualmente, así como tampoco, en que se hable de reinserción y evitar reincidencia. No se encuentra medidas ni iniciativas de normas que busquen hacer que la aplicación de las leyes y el sistema de justicia penal sirva para algo más que para castigar. De hecho, comentando el informe el Ministro de Justicia, Luis Cordero, enfatizó este último aspecto: su preocupación por la falta de equilibrio y racionalidad que se necesita para contar con políticas públicas que tratan tan temas complejos como es la seguridad pública.
Sin duda, este informe es un aporte al debate y ojalá se convierta en un insumo que enriquezca la tramitación legislativa y, sobre todo, aporte una visión diferente a la que tradicionalmente se recurre para abordar el tema de la delincuencia.
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