They are exaggerated
Por Sergio Henríquez Galindo, miembro de Humanizar.
En esta columna, atento al estado de avance de implementación del nuevo sistema de garantías de la niñez y adolescencia, y advirtiendo los graves problemas que se aprecian en el hacinamiento de residencias, la explotación sexual infantil, la falta de oferta den materia de salud mental, entre otros aspectos, nuestro asociado Sergio Henríquez apunta a la urgencia de los cambios, teniendo en cuenta que ya se ha reconocido la grave vulneración de derechos humanos durante la vigencia del SENAME, la cual se sigue reproduciendo el día de hoy. «Los niños y niñas no pueden seguir esperando al final de la fila. No se puede permitir que más generaciones de niños y niñas pasen por las deficiencias de un Estado indolente y vulnerador, o las Comisiones de Verdad y Justicia que se anunciaron tendrán varios volúmenes en el futuro».
In this column, our associate Sergio Henríquez points out the urgency of the changes in light of the state of implementation of the new system of guarantees for children and adolescents, and the serious problems that can be seen in the overcrowding of shelters, the sexual exploitation of children, the lack of mental health services, among others. «Children cannot continue to wait at the end of the line. Further generations of children cannot be allowed to go through the shortcomings of an indolent and violent state, or the announced truth and justice commissions will have several volumes in the future».
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Tanto reclamar por transformaciones que sean compatibles con los derechos de niños, niñas y adolescentes, puede parecer para algunos y algunas, que se trata de alegaciones de personas sobre alarmadas, con visión de túnel, que no logran ver todos los avances, todo lo que se ha hecho. Con tantas necesidades que satisfacer, y siendo escasos los recursos, es obvio que los cambios son lentos, y hay que entender que a veces no se puede.
Dicen que dato mata relato. Cerca del 37% de las residencias con administración del Estado se encuentran sobrepobladas. (Fuente: Informe Pjud Residencias segundo semestre 2023); Más de 2 mil niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de explotación sexual en Chile entre los años 2022 y 2023 (…) (Fuente: Defensoría de la Niñez); En 2023, un estudio identificó que el 52,9% de adolescentes estudiantes de educación media de la zona norte de Santiago estarían cumpliendo criterios para uno o más problemas de salud mental (Fuente: Diagnóstico situación niñez y adolescencia 2024 – Defensoría de la Niñez). Y así podríamos seguir con una lista interminable.
Pero hay que satisfacer las necesidades de tantos, se dirá, y además se ha avanzado en la “instalación” del nuevo “sistema”. Por favor, no exageremos. Pero aquí entra lo normativo.
La norma mata la excusa.
Más allá de las restricciones presupuestarias que nadie desconoce, y de las infinitas necesidades de la población, lo que es cierto es que la ley exige priorizar los recursos y todas las medidas necesarias para implementar de una forma correcta, la nueva institucionalidad de infancia y adolescencia en Chile. Así lo establece el artículo 16 de la Ley N° 21.430: “Los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, hasta el máximo de los recursos de los que puedan disponer, deben tener en especial consideración el diseño y ejecución de normativas, políticas, servicios y prestaciones destinadas a la promoción, protección y garantía de los derechos del niño, niña o adolescente, procurando priorizar su financiamiento en sus respectivos presupuestos”. Pero esto también se desprendía, hace ya 34 años, de la propia Convención sobre Derechos del Niño, al establecer su interés superior, que es preponderante a otros intereses. Por otra parte, muchas cuestiones no atienden sólo al presupuesto, sino simplemente al diseño e implementación del sistema, para que pueda instalarse eficazmente. Sin embargo, está claro no se ha cumplido con este mandato.
Los niños y niñas no pueden seguir esperando al final de la fila. Es necesario replantear, de manera racional la implementación de un Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia, que supere el modelo fracasado que seguimos repitiendo. Es necesario brindar de formación adecuada a los operadores del sistema, con el financiamiento debido. Es necesario solucionar con urgencia la crisis de hacinamiento de algunas residencias, adecuar la ley 19.968 al nuevo sistema de garantías y modificar nuestra ineficiente ley de adopción, entre otros cambios urgentes.
El 24 de Agosto de 2024 entrará en vigencia el reglamento que regula las Oficinas Locales de la Niñez y, para ese entonces, debiéramos tener mayor coherencia de la red de protección. No se puede permitir que más generaciones de niños y niñas pasen por las deficiencias de un Estado indolente y vulnerador, o las Comisiones de Verdad y Justicia que se anunciaron tendrán varios volúmenes en el futuro. Que nadie diga entonces que fuimos exagerados.
