Por Fernando Santelices Ariztía
La importancia del debido proceso y las garantías en materia penal nunca deben ser olvidadas, en cualquier caso, para cualquier persona. Operadores y litigantes deben siempre tomar en serio los efectos del sistema penal y sus consecuencias. Tras cada caso hay personas, no solo causas, carpetas o audiencias. Sus concecuencias, cual sea el término, van mucho más allá de la anotación, registro o estadística del Saf, Siau, Siagj o Sigdp. El tremendo Proyecto Inocentes de la Defensoría y sus experiencias, como siempre, nos refrezca y visibiliza esa necesidad.
Las legítimas decisiones estratégicas que puede adoptar el Ministerio Público en un caso no pueden ir más allá de la objetividad que los rige o, peor aun, eventualmente, de intereses profesionales particulares del operador. El principio de objetividad que rige al Ministerio Público (nos guste o no), debe permear la institución y sus profesionales, y no solo servir para el discurso. En el caso de los defensores, recordar que incluso en aquellas causas muy simples y de poco «riesgo penal» hay una historia personal.
Los tribunales, por otro lado, deben ser siempre muy estrictos profesionalmente con el Ministerio Público y sus peticiones. Ello aplica desde peticiones relevantes a cuestiones simples pero trascendentes de la práctica como la irrelevancia de titularidad o no del fiscal de audiencia o la falta de minuta. También, por cierto, con el rol y trabajo de los defensores. En jurisdicciones más pequeñas, en donde se dan inevitables vínculos humanos profesionales, esto debiese ser aún más severo. Al respecto, me parece que bien podría discutirse acerca de la utilidad que tendría el que en casos de mediana y mayor gravedad o complejidad, el control jurisdiccional del Ministerio Público lo realicen tribunales de otra jurisdicción. Lo anterior podría incluso resaltar el tremendo rol que en todo Chile cumplen muchos intervinientes.
A mi juicio también, estos temas, en el estado institucional actual y consolidada que se encuentra ya nuestra reforma procesal penal, debiesen llevarnos a discutir modificaciones procesales necesarias, incluyendo más facultades de control del Juez de Garantía sobre el actuar del Ministerio Público y sus decisiones. Por ejemplo, repensar el rol que juega en nuestro sistema la etapa intermedia de preparación de juicio oral. Como he sostenido, volver a discutir acerca de la posibilidad de que esta sea una instancia de control de mérito del caso y no solo formal. Quizá varios de los casos que nos muestra el Proyecto Inocentes podrían no haber avanzado como ocurrió de haberse podido desestimar los casos por falta de viabilidad, sin apelar al elevadísimo estándar del sobreseimiento definitivo o esperar a la discresional decisión de no persevar del fiscal.
Como sea, mis felicitaciones a la Defensoría Penal Pública y al Proyecto Inocentes por este tremendo programa que nos mantiene a quienes participamos de una u otra forma en el sistema con el cable a tierra.
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